Un juez obliga a devolver el abono a un socio del Real Madrid suspendido

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Florentino Pérez, presidente del Real Madrid

La Justicia da un revés al Real Madrid de Florentino Pérez y ordena devolver el abono a un socio suspendido. Estrella Digital ha tenido acceso en exclusiva al auto judicial, dictado sin escuchar previamente al club, que abre un nuevo frente en la polémica por las sanciones a los socios madridistas

La resolución, firmada el 19 de octubre por el magistrado Juan Ignacio Gonzalo Pascual, supone un primer contratiempo judicial para la política disciplinaria que el Real Madrid aplica contra los socios investigados por el uso irregular de sus abonos. El conflicto se remonta al Clásico frente al Barcelona de octubre de 2025 y llega a los tribunales después de que la Comisión de Disciplina Social suspendiera cautelarmente a un abonado que sostiene haber prestado su localidad de forma gratuita.

El caso adquiere especial relevancia por el contexto en el que se produce. Como ya se desveló el pasado 15 de marzo, el club presidido por Florentino Pérez había abierto 641 expedientes disciplinarios relacionados con la reventa y utilización indebida de entradas, de los que 112 habían concluido con la expulsión definitiva de socios. Ahora, por primera vez, una resolución judicial obliga al Real Madrid a dejar sin efecto una de esas suspensiones, aunque de manera provisional y sin prejuzgar el resultado del procedimiento.

El Auto 1423/2026, dictado por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Madrid, Plaza número 74, estima la petición de medidas cautelares formulada por un socio contra el Real Madrid Club de Fútbol.

La resolución ordena la restitución inmediata y provisional del carné de abonado y de la tarjeta de socio, con plena eficacia para acceder al estadio Santiago Bernabéu en todos los partidos incluidos en su abono. Asimismo, acuerda levantar cautelarmente la suspensión impuesta por la Comisión de Disciplina Social.

Lo más significativo es que el magistrado adopta esta decisión sin escuchar previamente al Real Madrid, mediante el procedimiento excepcional conocido como inaudita parte. El juez considera que esperar a la celebración de una audiencia podría comprometer la finalidad de la medida solicitada.

La decisión no constituye una sentencia definitiva ni supone que el tribunal haya declarado irregular la actuación disciplinaria del club. Sin embargo, sí representa un pronunciamiento judicial favorable al socio en una fase inicial del procedimiento, al considerar necesario proteger sus derechos mientras se resuelve el conflicto.

El origen del enfrentamiento se sitúa en el Real Madrid-Barcelona disputado el 26 de octubre de 2025. Según recoge el auto a partir del escrito presentado por el demandante, el socio prestó gratuitamente su abono al hijo de un cliente y contacto profesional para que pudiera presenciar el encuentro.

El joven acudió acompañado de otros tres amigos, todos ellos de 17 años, que también disponían de abonos cedidos sin contraprestación económica, siempre según la versión trasladada al juzgado.

El incidente se produjo en los accesos al Bernabéu, donde los cuatro menores fueron interceptados por personal de seguridad privada de Prosegur, empresa encargada de prestar servicios de vigilancia en el estadio.

De acuerdo con el relato del demandante, los vigilantes les habrían exigido entregar las entradas, firmar un informe de control de identidad y señalar un supuesto precio por cada abono. El escrito sostiene, además, que los jóvenes fueron presionados bajo la amenaza de impedirles acceder al partido si no atendían esas exigencias.

e trata de unas acusaciones especialmente delicadas por afectar a cuatro menores de edad. No obstante, el auto reproduce la versión del socio sin declarar probadas las presuntas coacciones, cuya existencia y alcance deberán determinarse, en su caso, mediante las correspondientes pruebas.

Tras aquel episodio, la Comisión de Disciplina Social del Real Madrid acordó la suspensión cautelar del abonado, que decidió acudir a la Justicia para recuperar sus derechos.

Uno de los aspectos centrales de la resolución es la valoración que realiza el juez sobre los argumentos y documentos aportados por el afectado.

El magistrado entiende que, a los efectos de adoptar medidas cautelares, ha quedado «plenamente justificada la apariencia de buen derecho» en la pretensión del socio, aunque advierte expresamente de que esta apreciación no implica resolver anticipadamente el fondo del asunto.

También considera acreditado el denominado peligro por la demora procesal. En concreto, señala que el Real Madrid podría disponer del abono mientras se tramita el procedimiento, privando al demandante de utilizarlo y dificultando considerablemente la eficacia de una eventual sentencia favorable.

En consecuencia, el juez concluye que la restitución provisional resulta adecuada y proporcionada para proteger los intereses del socio durante el litigio.

La resolución establece, no obstante, una condición económica: el afectado deberá prestar una caución de 1.000 euros en el plazo de veinte días desde la notificación del auto. El magistrado justifica esta cantidad por la posibilidad de que el abonado pueda volver a acceder al estadio durante buena parte de la temporada.

El auto judicial llega en plena controversia sobre el endurecimiento de las medidas disciplinarias adoptadas por el Real Madrid contra determinados abonados.

En marzo, Estrella Digital publicó una investigación sobre la actuación del club frente a la reventa, coincidiendo con la transformación comercial del Santiago Bernabéu y el creciente peso de los espacios VIP y de hospitalidad premium.

La información recogía que el Real Madrid había reconocido la apertura de 641 expedientes disciplinarios, de los cuales 112 habían terminado con la pérdida definitiva de la condición de socio.

El despacho Cremades & Calvo-Sotelo Abogados, que representa a más de un centenar de afectados, había cuestionado la proporcionalidad de determinadas sanciones y las garantías ofrecidas a los expedientados durante su tramitación.

Uno de los principales puntos de controversia es la posibilidad de imponer suspensiones cautelares que impiden utilizar el abono mientras continúa abierto el expediente, una situación especialmente gravosa cuando la tramitación se prolonga durante meses.

El nuevo pronunciamiento judicial no afecta automáticamente a los restantes expedientes ni establece una doctrina definitiva sobre la validez del reglamento del Real Madrid. Sin embargo, abre una vía de discusión judicial sobre las consecuencias de las suspensiones cautelares y la protección de los derechos de los socios afectados.

La resolución plantea una situación particularmente significativa: el Real Madrid había apartado cautelarmente al abonado y ahora es un magistrado quien ordena levantar, también cautelarmente, esa decisión.

La controversia no se limita a determinar si existió o no una cesión irregular del carné. Afecta igualmente a las garantías del procedimiento disciplinario y a las consecuencias que puede tener una suspensión prolongada antes de que exista una decisión definitiva.

En una investigación anterior, se examinaron las diferencias entre las previsiones estatutarias y el funcionamiento del reglamento disciplinario madridista, especialmente en relación con el derecho de audiencia del socio y las limitaciones para obtener copias de la documentación del expediente.

El artículo 57 de los estatutos del Real Madrid contempla la obligación de escuchar al socio expedientado, salvo los supuestos excepcionales previstos. Precisamente por ello, las garantías de defensa y la proporcionalidad de las medidas constituyen uno de los principales puntos de discusión entre el club y los afectados.

En este procedimiento, el magistrado ha considerado que existían razones suficientes para actuar con urgencia, sin audiencia previa del Real Madrid, y evitar que la duración del litigio pudiera frustrar una eventual sentencia favorable al demandante.

Pese a la trascendencia de la resolución, la batalla judicial continúa abierta.

El auto establece que contra la decisión cautelar no cabe recurso, aunque el Real Madrid puede formular oposición ante el mismo tribunal en el plazo de veinte días desde su notificación, conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El club tendrá así la oportunidad de exponer su versión de los acontecimientos, aportar los elementos que considere oportunos y solicitar que se revisen las medidas adoptadas.

Por su parte, el socio deberá presentar la demanda principal dentro de los veinte días siguientes a la adopción de las medidas. De no hacerlo, estas quedarán sin efecto.

El magistrado también precisa que la resolución afecta exclusivamente al demandante. Aunque el relato judicial menciona varios abonos prestados, la restitución ordenada se refiere únicamente al carné del socio que ha acudido a los tribunales.

El procedimiento deja, por tanto, una cuestión pendiente de especial interés para los cientos de socios afectados por expedientes disciplinarios: hasta dónde puede llegar el Real Madrid en la suspensión de sus derechos mientras se investiga una presunta infracción.

La decisión judicial se produce mientras el Real Madrid continúa desarrollando su estrategia de explotación comercial del Santiago Bernabéu, con una creciente apuesta por los espacios exclusivos, los servicios de hospitalidad y la generación de ingresos vinculados al estadio.

La persecución de la reventa irregular constituye un objetivo legítimo para cualquier entidad deportiva. La controversia surge cuando esa política afecta a socios con años de antigüedad y plantea dudas sobre la proporcionalidad de las sanciones y los mecanismos disponibles para defenderse.

Para Florentino Pérez, el conflicto presenta una dimensión que supera el caso individual. La relación entre el club y sus socios constituye uno de los elementos esenciales del modelo institucional madridista, especialmente en una entidad que mantiene su estructura asociativa frente al modelo de sociedades anónimas deportivas.

La resolución del 19 de octubre no cuestiona globalmente la actuación del Real Madrid ni anticipa el desenlace de los procedimientos abiertos. Pero sí introduce un elemento nuevo en una polémica que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente dentro de los órganos disciplinarios del club.

Un juez ha ordenado devolver provisionalmente un abono, ha reconocido apariencia de buen derecho en la reclamación del socio y ha considerado urgente impedir que la suspensión pueda vaciar de contenido una eventual sentencia favorable.

El Real Madrid tendrá ahora la posibilidad de defender su decisión ante el tribunal. Mientras tanto, el auto demuestra que la ofensiva disciplinaria contra la reventa también puede encontrarse con límites judiciales cuando están en juego los derechos de sus propios socios.

Last modified: 31 de octubre de 2026

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